Cuidados de largo plazo en las Américas: quién los financia y por qué solo 15 países tienen un sistema público
Solo 15 de 35 países de las Américas tienen un sistema público de cuidados de largo plazo. Quién paga hoy y qué propone la OPS con el caso uruguayo.
Cuando una persona mayor deja de poder bañarse, vestirse o comer sin ayuda, la pregunta práctica llega rápido a la familia: ¿quién se ocupa? En la mayor parte de América Latina y el Caribe, la respuesta suele ser una hija, una esposa o una nuera que reduce su jornada o deja de trabajar, o un hogar que paga de su bolsillo a una cuidadora. Pocas veces la respuesta es un servicio público al que se tenga derecho.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) puso cifras a esa realidad el 28 de octubre, al presentar junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una sinopsis de políticas sobre gobernanza y financiación de los cuidados de largo plazo. El contraste es claro: el 88% de los países que respondieron a la última encuesta regional ya incluye estos cuidados en sus leyes, políticas o planes, pero solo 15 de los 35 Estados miembros de la OPS cuentan con un sistema formal financiado con fondos públicos.

Qué son los cuidados de largo plazo y cuántas personas los necesitan
Los cuidados de largo plazo son el apoyo continuado que necesitan las personas que han perdido parte de su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Incluyen la ayuda en casa, los centros de día y las residencias, y abarcan tanto la atención sanitaria como el apoyo social.
Según la OPS, alrededor del 14,4% de las personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe, unos 8 millones, necesita este tipo de cuidados, una proporción que podría llegar al 16% en 2050. La presión irá en aumento: para ese año, unos 306 millones de personas en las Américas tendrán 60 años o más, más de una de cada cuatro.

Leyes que avanzan, sistemas que no llegan
La comparación con 2020 muestra un avance en el papel. Ese año, el 61% de los países que respondieron a la encuesta de seguimiento de la Década del Envejecimiento Saludable mencionaba los cuidados de largo plazo en su marco normativo; en la revisión de 2025, la proporción subió al 88%.
Pasar de la ley al servicio es otra historia. Menos de la mitad de los Estados miembros tiene un sistema formal con financiación pública, y solo 7 de los 27 países que respondieron a una pregunta específica reconocen legalmente a los cuidadores familiares y les dan derecho a algún tipo de apoyo.
La OPS identifica dos obstáculos principales: servicios fragmentados, porque salud y protección social suelen funcionar por separado y sin evaluaciones ni planes de cuidado coordinados, y una financiación insuficiente.
Quién paga cuando el Estado no está
Donde no hay sistema público, la factura no desaparece: cambia de manos. Las familias cubren los vacíos de dos maneras, cuidando sin cobrar o pagando directamente por los servicios. La OPS calcula que cerca del 70% de los cuidados de largo plazo en la región lo prestan mujeres de la familia, muchas veces sin pago ni apoyo suficiente.
Ese trabajo tiene un valor económico considerable. La sinopsis de la OPS y el BID estima que el cuidado informal de largo plazo puede representar entre el 0,8% y el 4,9% del PIB anual, según el país. Es una cifra que se suma a la que analizamos en cuánto vale el trabajo de cuidar en América Latina, y que ayuda a entender por qué la OPS insiste en que no se trata de un gasto sin retorno. “Invertir en cuidados de largo plazo no es simplemente un gasto”, afirmó Mary Lou Valdez, directora adjunta de la organización.
El modelo uruguayo como referencia
La OPS señala a Uruguay como ejemplo. Su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, reúne a ministerios, gobiernos locales y sociedad civil bajo una gobernanza compartida. Las necesidades de cada persona se determinan con evaluaciones estandarizadas, la financiación combina fondos públicos con copagos vinculados a los ingresos, y tanto los proveedores como los cuidadores deben cumplir estándares de calidad, formación y certificación.
Ese diseño responde a los dos problemas que señala la OPS: coordina servicios que en otros países funcionan por separado y define quién tiene derecho a qué y cómo se paga. La organización recomienda a los países integrar salud y servicios sociales, establecer responsabilidades claras y estándares de calidad, asegurar una financiación sostenible y fortalecer el apoyo a los cuidadores familiares, en línea con su Política Regional de Cuidados de Largo Plazo 2025–2034.
Para la economía plateada, el mensaje tiene dos caras. La demanda de servicios de cuidado crecerá en toda la región, con o sin sistemas públicos. Pero en la mayoría de los países esa demanda seguirá recayendo en los bolsillos y el tiempo de las familias mientras no exista un esquema que reparta el costo. Evaluar si esos servicios mejoran la vida de las personas, como planteamos en cómo evaluar el aporte de los cuidados a la autonomía, es el paso siguiente; antes, hace falta decidir quién los financia.